Gema Moreno Ruiz toma posesión como concejal durante el pleno ordinario celebrado ayer.

Este relevo tuvo lugar durante la celebración del pleno ordinario de ayer en el que se aprobaron como asuntos relevantes del orden del día, el Plan para la prevención del fraude y la corrupción, y un Plan de emergencia ante situaciones de sequía.

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El Ayuntamiento de Villarrobledo ha elaborado este Plan antifraude que recoge los mecanismos a implantar para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses atendiendo a las características específicas de este consistorio y su evaluación de los riesgos, garantizando la conveniente protección de los intereses de la Unión Europea. Todo esto viene motivado por la exigencia de proteger los intereses económicos de la Unión Europea velando por que la utilización de los fondos europeos que se repartan en las distintas administraciones (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), se ajusten al Derecho nacional de cada estado y de la Unión Europea.

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Para ello el Ayuntamiento, a través de este Plan, se compromete en la medida de sus posibilidades a evitar y no tolerar ninguna conducta de fraude, corrupción, ni la existencia de conflictos de intereses, y garantizará que, en su ámbito de actuación, los fondos gestionados por el Ayuntamiento se utilicen de conformidad con las normas que le sean de aplicación, protegiendo, con ello, los intereses financieros de la Unión. Además, el Ayuntamiento contará con: Una declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses (DACI); una Comisión Antifraude para el seguimiento de los eventuales riesgos; un procedimiento de control interno; y un procedimiento de seguimiento y cumplimiento de los controles definidos en el Ayuntamiento de Villarrobledo.

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Este plan antifraude fue aprobado con los votos a favor del grupo popular, ciudadanos y grupo socialista, y con la abstención de Se puede Villarrobledo.

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También fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos el Plan de Emergencias ante situación de sequía. Este plan que se aprueba por la corporación municipal nace de la necesidad de contar con un instrumento que permita gestionar las sequías minimizando sus impactos socioeconómicos y sobre el medio ambiente, y por otro lado obedece a lo establecido en la Ley 10/2001 del Plan hidrológico Nacional, en que las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía.